Con la llegada del covid-19 a todas las provincias del país, un estado de emergencia nacional y el número de negocios cerrados aumentando cada vez más, queda claro que se vienen días difíciles para Costa Rica. La administración Alvarado Quesada enfrenta uno de los retos más grandes de las últimas décadas y está tomando medidas propias de un momento como el que vivimos. Se han suspendido o rebajado pagos de varios impuestos y servicios, y a las empresas más afectadas se les ha brindado la facultad de reducir las jornadas laborales de sus empleados de acuerdo a sus pérdidas.
Todos estos cambios, junto con una considerable reducción en la productividad nacional, significan ingresos mucho menores para el Estado. Lamentablemente, a diferencia de algunos países, Costa Rica entró a esta crisis con números preocupantes, entre ellos un alto déficit fiscal y una alta tasa de desempleo, bajos niveles de crecimiento económico y deudas peligrosas. Es por esto que el Gobierno tiene la dura tarea de no solo enfrentar la pandemia, sino también aliviar la recesión que ha sido acelerada por este coronavirus.
Una medida drástica pero necesaria es la reducción de salarios en el sector público. Mientras muchos empleados del sector privado pierden sus trabajos o ven una rebaja importante en sus ingresos, existen varios funcionarios públicos que debido a la implicaciones del distanciamiento social no pueden realizar su trabajo pero aún así reciben su salario completo. Esto no se trata de una satanización de aquellos que trabajen para el Estado, sino de un ajuste imperativo en una situación verdaderamente frágil. A la vez que se reduzcan los pagos a bancos, electricidad y demás, es evidente que también se deben reducir muchos de los salarios en el sector público y sus jornadas laborales. De lo contrario, nuestro déficit fiscal crecería abismalmente y dejaría al Estado costarricense en condiciones paupérrimas. Este escenario se debe evitar a todas costas ya que sus consecuencias implicarían una enorme amenaza a la economía nacional.
Otra medida mucho más popular y fácil de implementar es la reducción de las famosas pensiones de lujo. Estas son aquellas cuyo monto no corresponde lo que se cotizó al Seguro Social. Ante esta emergencia, no podemos actuar con una falsa opulencia y regalar dinero que no tenemos. A diferencia de la propuesta anterior, este corte de pensiones puede venir acompañado de una disminución permanente al terminar la crisis y así eliminar esta irregularidad e injusticia en el sistema del país.
Queda muy claro que la situación que vivimos implica un desafío extraordinario para todos los costarricenses y la necesidad de unión nacional nunca ha sido mayor. La administración Alvarado ha tomado varios pasos en la dirección correcta pero de no tomar decisiones valientes como las mencionadas, vendrán nuevas dificultades con repercusiones desconocidas que pueden alejar aún más el pronóstico de una recuperación.
