Las últimas semanas de distanciamiento social han dejado más clara que nunca la problemática división social con la que vivimos en Costa Rica. No todos cuentan con el privilegio de tener ocupaciones aptas para el teletrabajo e inclusive aquellos que lo tienen se enfrentan con varios obstáculos. Ejemplos de estos son la necesidad de un buen acceso al internet, un espacio reducido para una efectiva “oficina en casa”, el tener que atender a los hijos que ahora se encuentran en casa y demás. Estas diferencias sociales se explican muy bien en el reciente artículo del Estado de la Nación, donde señalan las muy distintas condiciones en las cuales las familias costarricenses viven la cuarentena.
Ninguna persona sensata niega lo esencial que ha sido frenar la economía nacional, cerrar fronteras y velar por que la mayoría de la población se quede en casa; solo de esta manera se puede “aplanar la curva” y con ello evitar el crecimiento exponencial del COVID-19 y la eventual saturación del sistema de salud. Sin embargo, es imposible obviar la realidad de que esta pandemia, como lo indica el FMI, ha enviado al mundo y en especial a América Latina a una grave recesión.
Esta combinación de cuarentena y crisis económica global es letal para la población del país y debemos evitar a todas costas quedarnos encerrados en una eterna cuarentena. Entre más se alargue este aislamiento, más se verá afectada la subsistencia de los hogares y aumentará cada vez más la cantidad de costarricenses sin ingreso alguno; lo que implicaría consecuencias mucho peores que las de una pandemia sin control.
Es necesario abrir la economía cuanto antes y el único camino para hacerlo es no solo el actual pare, sino también un gran aumento en la cantidad de pruebas, para así detectar con exactitud a aquellos infectados y mantenerlos monitoreados. Dichosamente noticias como las del BCIE donando 26.000 pruebas de coronavirus brindan esperanza. Dicha donación es más que necesaria ya que la cantidad de pruebas realizadas al día de hoy ha quedado un tanto corta.
El Gobierno debe anunciar lo más antes posible su plan para reabrir la economía, así como las medidas que tomará para minimizar el golpe financiero que implica la venidera crisis. Lamentablemente, el rumbo actual de la Administración Alvarado es poco claro; su plan Proteger se queda corto y su plan Pagar ha sido criticadofuertemente por la Contraloría. La única manera de que las restricciones efectuadas valgan la pena es si salimos de este cierre con un COVID-19 bajo control y los reajustes necesarios en el gasto público. De lo contrario, podemos o tener una segunda ola del virus o una larga cuarentena que destruya la economía costarricense de manera irreparable.
