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Es mejor prevenir que lamentar

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Artículo de opinión

Este artículo representa la opinión de su autor y no necesariamente la posición editorial de SOMA CR.

El reproche furioso a quienes critican la autoridad. El señalamiento ignorante a quien ejerce sus derechos. La defensa acérrima y dogmática de las disposiciones estatales. El populista y punitivo llamado a la violencia. El fin justificando los medios. 

Estos son los síntomas del virus del autoritarismo que muchos portan asintomáticos. Entre sus víctimas más notorias de las últimas semanas podemos ver al diputado que pedía cárcel para quien irrespetara la restricción vehicular sanitaria, el policía que disparaba por la espalda al pacífico y casi desnudo surfista, y un editorialista que se camufla indisimuladamente entre el oficialismo, criticando que la Asociación Nacional de Fomento Económico (ANFE) decidiera ser fiel a sus principios e impugnara una medida que sin fundamento técnico limita la libertad de tránsito y la propiedad privada de las personas. 

En hora buena hay quienes levantan su voz para hacer notar los tintes autoritarios e intentar revertir sus efectos por las mismas vías de derecho. Así lo hizo ANFE, quien se enteró de que su recurso de amparo fue rechazado por medio de la prensa “independiente”, a quien se filtró el resultado del proceso y así lo publicó, sin citar o referirse al fondo de la desconocida sentencia. Se replicó imprudentemente la noticia sin conocer el razonamiento del rechazo y simplemente quedó en la opinión pública que la restricción vehicular “sanitaria” es constitucional.

El Derecho es la continuación de la política por otros medios. Bien lo sabe la porosa Sala Constitucional, que ha declarado constitucional lo inconstitucional en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro, con mayor o menor frecuencia. No está de más cuestionarnos sin falacias de autoridad las decisiones de todo el aparato estatal, después puede ser demasiado tarde, como ha sucedido a lo largo de la historia de la democracia moderna. 

La ley, las sentencias y los decretos no resuelven nada por sí mismos. Es la coerción, la violencia, la amenaza detrás de ellas las que intentan modificar nuestras conductas. Sin embargo ninguna de ellas impedirá la propagación de ningún virus, pues ello depende de las personas, sus decisiones y su responsabilidad. Ni las multas, ni las penas de cárcel lo evitarán, así como no evitan que se irrespete la vida humana, la propiedad y ahora nuestra Constitución. 

El miedo cegador aturde hasta a la más libre y valiente de las personas, y como factor de riesgo ante este peligroso virus nos vuelve altamente vulnerables. Por ello cuando más impopular sea la defensa de la libertad es cuando más se necesita. Las circunstancias actuales parecen ser las óptimas para liberar una pandemia de estatolatría a largo plazo, cuyo tratamiento no es más que una terapia de shock real y descontrolada de la misma enfermedad que produce, la cual lleva por nombre régimen y por apellido autoritario. 

Consecuentemente, la legítima defensa frente a los poderes del Estado jamás debe ser reprochada, por más exagerada o ridícula que parezca. Si usted cree lo contrario recurra a su libro de historia más cercano. Al mantra dictatorial del que “nada debe, nada teme” se le puede contestar que “es mejor prevenir que lamentar”.

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