En Costa Rica el concepto constitucional de justicia social ha servido como pretexto de nuestros gobernantes para así crear innumerables instituciones públicas que pretenden combatir la pobreza. Asimismo, el avance de esta idea dio lugar al “Estado empresario”, el cual en principio buscaría garantizarles altos beneficios a los consumidores y generar empleo.
La evidencia histórica y empírica ha sido clara en demostrar que este tipo de políticas públicas perjudican a los consumidores, los cuales terminan pagando inclusive precios más altos que el resto de centroamérica. Ejemplos de estas difuntas instituciones son LACSA, CODESA y sus derivados tales como ALUNASA, CAFSA, TRANSMESA, FERTICA y demás empresas estatales que generaron pérdidas y deudas que se siguen pagando a la fecha.
Es público y notorio para los costarricenses que la apertura de mercados como el de telecomunicaciones o el de seguros han generado un sinfín de beneficios como competitividad en los precios, creatividad comercial diversificando las ofertas, mayor cobertura y accesibilidad, además, la adopción de instrumentos como el TLC con EEUU han generado múltiples beneficios en el mercado costarricense. Por tanto, el costarricense ha ido cambiando su pensamiento en dirección a una aceptación mayor del comercio internacional, tomando en cuento sus beneficios.
El Estado Empresario parecía una idea atractiva que una vez implementada probó ser desastrosa e incompetente ante la realidad actual del comercio internacional. A pesar de esto, con la reciente pandemia de Covid-19, se ha replanteado radicalmente la creencia del ciudadano en el comercio internacional y el Estado Social de Derecho. Este replanteamiento nace en virtud de la política pública adoptada por la administración Alvarado Quesada en aras de contener y atender el crecimiento del virus de manera exponencial.
La atención a la emergencia por parte del gobierno recuperó la confianza del ciudadano en las desprestigiadas instituciones públicas, que ahora parecen ser más atractivas, producto del pensamiento “lo nuestro es bueno, lo nuestro es mejor”. No obstante, la realidad del Estado es otra: las finanzas de estas instituciones dejan un endeudamiento alto que poco a poco nos costará a todos.
El costarricense aplaudió a la FANAL en su producción de artículos como alcohol en gel, alcohol de esterilizaciones y quirúrgico, ignorando que la cantidad producida era de 2,000 botellas diarias con etiquetado manual. Celebró la labor del ICE en la preparación CENARE obviando que otras 6 empresas tuvieron mano en ese logro. Estos mal informados elogios se deben a que el gobierno ha estado realizando beligerancia política en los espacios meridianos de información técnica sobre el COVID-19. Estos ejemplos de la limitada capacidad de empresas estatales evidencian que un nacionalismo desmedido generaría efectos adversos en la economía, la cual se ve beneficiada del comercio exterior.
