Previo a la actual crisis que vivimos, el tema más importante era la reactivación económica. Existía gran preocupación de varios sectores de la población por los carentes números en cuanto al crecimiento del PIB y la desaceleración que se ha vivido desde ya hace mucho tiempo.
En sus primeros dos años, la Administración Alvarado Quesada, tuvo la fortuna de contar con una Asamblea Legislativa dispuesta a enfrentar los problemas estructurales del país y preparada para aprobar aquellas reformas necesarias para la economía costarricense. Esta fue una gran ventaja que no tuvieron los pasados gobernantes cuando el PAC hacía de oposición. Dicho esto el Gobierno actual tuvo una gran oportunidad la cual desperdició y la pandemia nos agarró en una condición delicada. Lamentablemente, debido al fenómeno mundial del COVID-19, la conversación ha pasado de “reactivar” a “salvar” la economía.
Dichosamente, el manejo en el tema de salud del Ministro Daniel Salas ha sido de aplaudir y en comparación con los demás países de la región, nos encontramos en una situación mucho más cómoda. No obstante, es preocupante ver cómo hasta la fecha el gobierno no cuenta con un plan claro para hacerle frente a la pendiente crisis económica.
Cuando el gobierno anuncia un nuevo impuesto “solidario” a los salarios mayores de 500.000 ₡ y horas después se retracta solo para al día siguiente volverlo a proponer con un número reajustado de 1.000.000 ₡, queda claro que han llegado a improvisar y están anunciando propuestas de manera prematura y con falta de seriedad. Han estado improvisando estos dos años, pero ahora la situación se torna crítica y no podemos tener un gobierno sin rumbo.
El único proyecto que el Presidente anunció con bombos y platillos se ha quedado corto para sostener a los sectores más vulnerables como lo señalan varios expertos y formadores de opinión. Hasta la fecha no han asegurado todos los fondos que el plan requiere incluso con la Asamblea Legislativa aprobando préstamos y proyectos de ley a toda máquina.
Siempre hay oportunidades en momentos de crisis y es el momento perfecto para efectuar las reformas estructurales que tanto requiere el país y han estado pendientes por tantos años. Se requiere hacer un estudio exhaustivo del Estado para así determinar aquellas instituciones que deben ser cerradas, fusionadas o transformadas. Según varias calificadoras de riesgo, en el futuro cercano, la deuda pública alcanzará el 70% del PIB y el déficit fiscal llegará a un 8% del PIB por lo cual es imperativo actuar desde ya sin antelaciones innecesarias.
