Recientemente se ha aprobado un proyecto de ley que conocemos popularmente como “Ley para excluir a las Municipalidades de la regla fiscal”. Su aprobación en el Congreso no debería ser sorpresa para la ciudadanía ya que un grupo importante de diputados antes de ser electos, pertenecían al régimen municipal como es el caso de Roberto Thompson que hace unos pocos años fungía como alcalde de Alajuela. A esto se le puede sumar las presión y el cabildeo que hicieron algunos alcaldes como Johnny Araya anunciando, que de aplicarse la regla fiscal tendría que prescindir de trescientos funcionarios, y por supuesto la situación actual generada por el Covid-19.
El proyecto iba a ser aprobado en primer y segundo debate por las situaciones citadas supra. Algo más insólito es que el Presidente Carlos Alvarado haya firmado dicho proyecto convirtiéndolo en ley de la República, a pesar de que todos los expertos en el tema le advirtieron que no lo hiciera. En ese entonces su propio ministro de hacienda salió en medios de comunicación rogándole al Presidente que por favor no firmara ese proyecto, ya que esto manda una pésima señal a las instituciones financieras internacionales con las que estamos negociando siete mega créditos. El Presidente hizo caso omiso y algunos sospechan que hubo un “quid pro quo” con el tema del tren eléctrico.
Esta ley lo que hace es debilitar el capítulo de contención del gasto de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas (el plan fiscal aprobado a inicios de esta legislatura). En pocas palabras se le da “rienda suelta” a las ochenta y dos municipalidades con su gasto no solo desaplicándoles las regla fiscal sino que hay otra disposición aún más peligrosa que les permite aumentar el gasto para así “combatir la crisis”, enviando una pésima señal a nuestros acreedores internacionales y tenedores de bonos de gobierno.
Como si no fuera grave ya la situación, la Contraloría viene señalando desde hace varios años la precaria situación financiera en la que se encuentran la mayoría de las Municipalidades. Esto se da por múltiples razones: hacen una labor deficiente a la hora de recolectar sus tributos por bienes inmuebles y patentes, o tienen una planilla insostenible, o han hecho malas inversiones, o tienen una convención colectiva con sus sindicatos totalmente abusiva, básicamente todo se reduce a una mala administración del municipio, por la cual la Contraloría estima que algunas de estas municipalidades puedan quedar en estado de insolvencia en un futuro cercano.
Si bien las municipalidades gozan de un segundo grado de autonomía y sus estados financieros no influyen a la hora de calcular el déficit fiscal nacional, si una o varias municipalidades no pueden hacerle frente a sus deudas, el Estado tiene que intervenir y pagar las obligaciones de la municipalidades, creando así un contingente pasivo muy serio para la Administración.
Nuestro régimen municipal está urgido de reformas estructurales serias, no solo por el tema reciente de la exclusión de la regla fiscal y la situación deplorable de las finanzas sino por una serie de problemas que vienen cargando desde su origen. Otro de ellos es que lamentablemente el recurso humano en muchos municipios no es el idóneo comenzando con los alcaldes que son electos y reelectos con facilidad casi por periodos vitalicios. Luego muchas veces los departamentos se llenan de personas con ciertas ideologías y prejuicios que con tal de que no haya progreso en su cantón y nadie prospere entraban cualquier emprendimiento.
Deberíamos aprovechar que los gobiernos locales están más cerca de sus comunidades y pueden conocer más a fondo los problemas. Que haya facilidad de las personas de poder escoger entre estas ochenta y dos opciones en donde trabajar y donde vivir dependiendo de las municipalidades que sean más afines a su pensamiento o que estén haciendo mejor las cosas, es decir se pone a la municipalidades a competir entre ellas generando un gran beneficio para la población.
