“Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico y político, a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad.” -Vargas Llosa
¿Quiénes representan al sector informal?
En Costa Rica alrededor de un millón de ciudadanos representa la economía informal, esto al menos al ultimo trimestre del 2019 (ECE INEC febrero 2020). Usualmente cuando se discute la informalidad, se hace con cierta connotación negativa. La asociamos con empresarios y comerciantes cuyas industrias no están registradas y no se rigen por las leyes, aquellos que comercian en lo oscuro, el mercado “negro”.
Sin embargo, estos comerciantes representan todo lo contrario, el problema no es la economía informal sino la ineficiencia del estado que la causa y su incapacidad de brindar un marco legal y burocrático a quienes más lo necesitan. Lo anterior se puede ilustrar con un simple análisis costo/beneficio, y si se compara el costo de entrar a la formalidad con los los beneficios que le generan al empresario o comerciante, la respuesta pues parece ser clara: el costo es muy alto y los beneficios insuficientes.
Costo de cumplimiento de la ley:
El artículo 129 de nuestra Constitución Política versa “nadie puede alegar ignorancia a la ley” pero ¿cuesta obedecer la ley? Pues claro, y es este costo tiene un problema de desigualdad.
¿Cuál es el costo de la legalidad? en términos económicos es aquella función donde el cumplimiento de la ley equivale al tiempo requerido más la información solicitada. Como todo costo, es un sacrificio que realizan los individuos en aras de completar una actividad o de generar un producto.
Según el análisis económico del derecho (Ghersi), los costos de cumplimiento de la legalidad no son simétricos o equitativos, todo lo contrario, son indiscutiblemente asimétricos, esto porque para una persona de escasos recursos económicos cumplir con la ley requiere de mayor sacrificio, lo anterior se debe a que tiene que sacrificar mucho más tiempo y más información que el que tiene que invertir una persona de mayores recursos, es paradigmático entonces cuando en virtud del principio de igualdad ante la ley la misma lo vuelve injusto, inmoral y desigual. No todos pueden darse el lujo de pagar un departamento legal y en país con innumerables trabas y regulaciones, se evidencia una realidad poco deseada.
Problemas relacionados con la informalidad:
El Banco Central de Costa Rica proyectó una tasa de desempleo que llegará al 28% en virtud de la crisis sanitaria y económica desatada por el COVID-19, mientras el Ministerio de Trabajo estima que hasta un millón de trabajadores serán afectados por esta crisis.
El poder ejecutivo destinó una partida de 300 mil millones de colones al “bono proteger” con el fin debrindarles un subsidio a las personas más afectadas por la crisis económica; aquellas que perdieron su empleo, vieron reducidas sus jornadas, perdieron una cantidad considerable de clientes o aquellos que operan en la informalidad.
Aunado a lo anterior el presidente de la República admitió el día de hoy en una entrevista con el diario La Nación, que con la implementación del bono Proteger se identificaron casi 300 mil ciudadanos que brindan servicios profesionales y que se encuentran en la informalidad, por lo que no cotizan a la Caja Costarricense del Seguro Social. Detalló que de esas personas el 80% tienen un grado de escolaridad baja como primaria, primaria incompleta o sin formaciones académicas. Incluso reconoció que “… los mecanismos de aseguramiento son muy caros o complejos para esta población”.
Con el desempleo y la informalidad se generan problemas sociales, políticos y económicos, los cuales se ven traducidos en malestares como problemas de salud y problemas familiares. Dichos problemas los cuales reiterados con el tiempo pueden desembocar en reacciones abruptas de los ciudadanos quienes están altamente frustrados y buscan que el estado les brinde soluciones, lo anterior es algo que se debe cuidar con mesura porque podría volverse una bomba de tiempo. Incluso podría ser comparado con “el estallido social de Chile 2019” donde las masas se aclamaban de manera violenta su disconformidad y rechazo contra la clase política.
Informalidad y Doing Business:
Doing business es un informe realizado por el Banco Mundial en el que se califican parámetros como:
- resoluciones de insolvencia
- cumplimiento de contratos
- costo de comenzar un negocio
- comercio transfronterizo
- tramitación de permisos de construcción
- pago de impuestos
- registros de propiedad
- ¿cuanto tardo en obtener electricidad?
- ¿quienes pueden obtener crédito?
¿qué tiene que ver el Doing Business con la informalidad? Pues todo, nos da resultados tangibles de la eficiencia del Estado en áreas esenciales necesarias para emprender o mantener un negocio.
En el citado informe Costa Rica ocupa la posición número 74 de 190 países rankeados, esta mala posición únicamente nos enseña que existe un alto costo de la legalidad.
En Costa Rica la apertura de un negocio tarda un aproximado de 23 días (esto claro en el plano ideal), pero al analizar el reporte en detalle es notorio que debemos mejorar en muchísimas áreas si pretendemos facilitar el terreno para que la informalidad asuma los costos que representan formalizar sus empresas.
¿Qué soluciones podemos implementar?
Si deseamos prosperar como país el Gobierno debe de implementar reformas que permitan:
- Emprender negocios en un menor tiempo y con flexibilidad de trámites
- Re estructuración a nivel municipal para tramitar los permisos de construcción en plazos menores
- Reformas tributarias que permitan a los contribuyentes tener un respiro para consigo mejorar la recaudación de una manera más eficiente
- Reducir el gasto público necesario e innecesario
- Reducir sustancialmente las cargas sociales
En otras palabras, debe ser atractivo para las personas que desean obtener mejores beneficios sacrificando su costo de formalizarse.
En conclusión, debemos rescatar que la economía informal no es nada más que la reacción de los ciudadanos ante la ineficiencia estatal, la cual muchas veces no les deja a las personas otra opción que estar al margen de la ley. Debemos implementar reformas para que los individuos se le facilite el ingreso al sector formal de la economía. La cual solo con el esfuerzo de todos empezará a caminar en tiempos difíciles.
