En Costa Rica existen tres formas para obtener una pensión en la vejez.
A. La pensión obligatoria básica
Esta se forma por las deducciones obligatorias que el Gobierno le expropió al empleado mes a mes durante su vida laboral.
Se le conoce como un sistema de reparto. Porque la generación de los jóvenes le pagará la pensión a la generación de jubilados.
Sin embargo, podría suceder que la persona llegue a su edad de retiro, pero no exista otra generación más joven lo suficientemente numerosa para costear su pensión.
Aquí el dinero termina siendo propiedad del Gobierno. Para los empleados del sector privado alimenta el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Los «empleados públicos» tienen otros regímenes, como el Fondo de Pensiones del Poder Judicial, el Magisterio Nacional, etc.
B. El régimen obligatoria de pensión complementaria (ROPC o ROP)
Este régimen se creó mediante la Ley de Protección al Trabajador en la administración Rodríguez Echeverría.
El sistema también se sustenta en las «cotizaciones» que el Gobierno (CCSS) le expropió al empleado a lo largo de su vida laboral.
Se le conoce como un sistema de capitalización individual, ya que el monto no se destina a un fondo común. Permanece siempre en una cuenta individual.
Estas deducciones obligatorias al salario las administra una operadora de pensiones (OP) que puede ser elegida por el empleado.
Como la cuenta es individual el monto de la futura pensión complementaria, dependerá del monto total en la cuenta, más los intereses ganados a lo largo de los años. Al futuro jubilado se le devolverá mes a mes un pequeño monto producto de esta cantidad.
C. La pensión complementaria voluntaria
Esta consiste en un ahorro que sí es voluntario y que se destina a una cuenta individual. La persona escoge libremente quién lo administra y cuándo podrá disfrutar de esa riqueza.
La oposición
En algunos círculos se oponen a que el jubilado o el empleado disfruten anticipadamente del monto de su ROPC.
Argumentan principalmente que la persona gastará “irresponsablemente” el dinero si retira el monto total de su ROPC, ya sea antes o después de su jubilación.
Pero, ¿por qué suponer que todas las personas actuarán así? ¿Con base en cuál evidencia se afirma esto?
¿Acaso la mayoría de personas gastan de manera irresponsable su salario?
Es evidente que la mayoría no gasta alocadamente su salario, ¿entonces por qué deberíamos de suponer que sí lo harán con el ROPC?
¿Y por qué no suponer que la mayoría de personas hará un buen uso de ese dinero?
Por ejemplo: ¿por qué no suponer que la persona lo usará para realizar un fideicomiso familiar? ¿Por qué no pensar que lo usará para fundar una microempresa?, etc.
Además, si una persona gastara el acumulado de su ROPC de manera irresponsable; pues también lo gastaría de manera irresponsable si lo obtiene por tractos.
¿O es que debemos creer que si obtiene el monto en pequeños pagos, esto hará que la persona sea más responsable con su dinero?
¿Y cómo sabríamos que un gasto es superfluo, pero otro gasto no lo es? Ante los ojos del ahorrante el gasto podría ser justificable, pero ante un extraño pueda que el gasto no sea necesario.
Entonces; ¿por qué la opinión del tercero debería de prevalecer sobre la opinión del propietario de esa riqueza?
Sin embargo, asumamos que todas las personas en verdad gastarán “irresponsablemente” el monto total acumulado de su ROPC. ¿Por qué no tendrían el derecho para hacerlo? ¿Acaso no es su dinero?
La libertad implica actuar según nuestro propio juicio, para alcanzar un fin y mediante unas vías que hemos elegido según nuestro mejor discernimiento; siempre que no se trate de una agresión en contra de la propiedad o la vida de otra persona.
Que se nos impida disfrutar de nuestra riqueza, nada más por el supuesto mal uso que algunos le puedan dar a esos recursos, sirve únicamente como excusa para que sigamos viviendo en servidumbre.
