Tal parece que la necesidad de un verdadero cambio surge solamente cuando se está al borde del precipicio. En momentos como estos es vital implementar las políticas públicas correctas, aquellas respaldadas por datos empíricos y la historia. Queda clara entonces la tarea de promover e idear diversas medidas y mantenerlas vivas hasta que lo políticamente inviable se vuelva lo políticamente inevitable.
El COVID-19 ha revelado aquellas instituciones del Estado que son prescindibles, la disparidad abismal entre trabajadores públicos y sus contrapartes privados, regulación excesiva, barreras innecesarias en el comercio, monopolios de antaño como el de la FANAL, el “capitalismo sucio” del oligopolio de CONARROZ y demás. El daño de estos problemas no es nada nuevo pero se ha profundizado producto de la pandemia, tanto así que el déficit fiscal promete cerrar en 10% del PIB y la CCSS estima que cerrará con 500,000 cotizantes menos. Dada la realidad nacional, a los gobernantes de turno no les queda otra opción más que plantear las reformas estructurales necesarias para evitar un colapso total de nuestra economía e instituciones.
A un año de iniciar los fuegos electorales, se observa el cálculo político en toda iniciativa con potencial de controversia y aquellas reformas vitales pueden perder su viabilidad. Estos cambios pueden ser poco favorables con el electorado, más aún con la base del PAC, ya que implican mayor apertura económica, cerrar y fusionar instituciones redundantes, vender o cerrar empresas públicas estatales y frenar los disparadores del gasto público. En resumen hacer todas las reformas que ha postergado la Administración Alvarado con sus eternos diálogos y comités de investigación.
Costa Rica se encuentra verdaderamente en una situación precaria y a pesar de esto contamos con una clase gobernante que parece no entender la gravedad del asunto. Basta con ver los proyectos de ley prioritarios para el Ejecutivo y algunos diputados de oposición para darse cuenta que muchos de ellos viven en una realidad paralela. Y qué se puede esperar cuando ellos no han sentido el mínimo golpe en sus salarios y sus ingresos no se han venido al suelo como los de la mayoría de costarricenses. Es tanta la desigualdad que el mismo fundador del PAC, Ottón Solís Fallas, señaló que los verdaderos “ricos” del país son los empleados públicos.
Si la actual Administración no encuentra el valor requerido para enfrentar esta situación impostergable, se estaría obligando al próximo Gobierno no solo a hacer las reformas estructurales esenciales, sino también a reconstruir el tejido empresarial del país y con ello la economía. Dichosamente la labor de ciertos diputados de oposición como Erick Rodríguez Stellar, María Inés Solís, entre otros, presenta un rayo de esperanza de que se logre cerrar este cuatrienio en mejores condiciones.
