Ante este hecho, les comparto una reflexión que tal vez les sirva para que no tengan miedo de hacer preguntas y exigir al gobierno respuestas.
¿Para qué existe el Estado?
¿Acaso la seguridad de su población no es el fin principal del Estado?
¿No es por seguridad que las sociedades nos organizamos en grupos segmentados de población con un territorio, un gobierno y un ordenamiento jurídico particulares?
¿Acaso en el sistema internacional no existe el reconocimiento entre Estados como base para el orden y la seguridad global?
¿Quién mantiene funcionando un Estado? Acaso no es su población a través del pago de impuestos y el respeto a sus reglas?
Entonces ¿Ante quién es responsable el Estado?
Obviamente ante su población.
Si existe un Estado fallido en cumplir esta premisa básica de otorgar seguridad a su población ¿Es obligación de otro Estado cubrir esa falla a costas de sacrificar la seguridad de su propia población?
¿Ser humanitarios significa pasar por encima a los principios del orden internacional y traicionar el origen mismo del Estado?
Otro tema: si existen varios Estados fallidos en el mundo, ¿Somos responsables ante todas las poblaciones de esos Estados o solamente de uno en particular?
¿Quién determina cuál población es más importante y hasta dónde tenemos que responsabilizarnos?
Si el Estado le dice a su población que hay una crisis, que hay una deuda gigantezca, que los recursos para enfrentar una crisis como el Covid 19 son escazos por lo que hay que sacrificar otros procesos de salud fundamentales para poder atenderla, y que, además, hay que sacrificar el estilo de vida, y muchas veces, las necesidades básicas renunciando a la libertad y a la posibilidad de producir sin restricciones en pro del bien común de quienes integran la población ante la que responde ¿Es justo que ese mismo Estado decida usar recursos en la atención de otra población ante la cual no responde, y más aún sabiendo que en el proceso está poniendo en riesgo la seguridad de la población ante la que sí responde?
Aquí el debate no se trata de si existe xenofobia o si somos humanitarios. Obviamente hay población xenófoba en Costa Rica y también mucha gente humanitaria.
Pero ese no es el debate. El debate es si como país estamos en capacidad de repartir solidariamente los recursos que no tenemos. Y por hacer esa pregunta, no significa que alguien sea xenofóbico. Esa «guerra de etiquetas» sólo sirve como estrategia para no tener que responder por las decisiones que se toman. La «guerra de etiquetas» es una forma sutil de autoritarismo moral.
Es importante que Costa Rica (el gobierno) aclare cuál es su posición en torno a la situación en la frontera con Nicaragua. Qué revelen datos de cuántos migrantes están pasando ilegalmente, cuántos vienen contagiados con el virus y cuáles son los recursos que piensan invertir en su atención.
Y también es importante que expliquen cómo van a determinar quiénes merecen ser atendidos y quiénes no. Porque si el criterio es «el que logre pasar», eso tampoco es humanitario. Ya que, de manera cruel y despiadada, dejan afuera a los que «no logran pasar». Si somos verdaderamente solidarios, la solución sería abrir las fronteras, no sólo para nicaragüenses, sino para todo el mundo, para la gente de cualquier país. Pero ¿Estamos en capacidad de hacerlo? La respuesta es clara.
La política de «selfie» de este gobierno, que quiere que el mundo entero le eche flores por su visión «progresista» le está saliendo cara al país. O al menos eso parece.
Pero para estar seguros, por favor aclaren. Porque evaden los temas deslizándose como lombrices en un barrial.
En principio, parece que lo lógico y consecuente sería, como hemos estado diciendo desde que inició la pandemia, acordonar la frontera y asegurar a la población costarricense.
