La semana pasada la primera dama y varios ministros comparecieron ante la audiencia de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
Según los comparecientes el gobierno deberá gastar entre ¢29.000 millones y ¢87.000 millones todos los años (de $50 millones a $150 millones) para que el ferrocarril eléctrico pueda operar.
Esto significa que adicional a la suma que deberá gastarse para construir la obra, el gobierno deberá subsidiar el precio del pasaje de ese ferrocarril.
¿Cómo justifica el gobierno esto?
La primera dama manifestó que este multimillonario gasto de miles de millones de colones deberá hacerse por un «sentido social de accesibilidad».
En otras palabras el gobierno deberá subsidiar el precio del tiquete, para que el costo del pasaje sea lo suficientemente bajo y así los ciudadanos puedan pagarlo.
Además, la primera dama aseguró que el proyecto del tren eléctrico no pretende crear nuevos impuestos. Los $50 millones o $150 millones que se gastarán en subsidios deberán salir del presupuesto ordinario del gobierno. (Ver la noticia aquí)
¿Por qué los subsidios son dañinos?
El subsidio en esencia es una prestación. Es la entrega de una suma de dinero que se le paga a una persona física o jurídica y que sale de los recursos del gobierno.
Y sabemos que en última instancia esos recursos no salen de la cartera del gobernante, sino del bolsillo del pagador de impuestos. Ningún subsidio lo aporta el gobierno, lo pagamos las personas que estamos obligadas a pagar toda clase de impuestos.
Para entender lo dañino que resultan los subsidios, primero es necesario entender cómo los impuestos destruyen el incentivo para producir más de cierto bien. Un impuesto le puede restar recursos tanto al que produce, como al que consume un determinado bien.
Si el impuesto lo va a pagar el que produce, entonces a menor cantidad de recursos del productor, será menor la cantidad de bienes producidos. Si el impuesto lo paga el que consume, entonces a menor cantidad de recursos que tenga el consumidor, menor será la cantidad de bienes que pueda consumir.
Entonces, si los impuestos destruyen el incentivo para consumir o producir más de algo, los subsidios tienen el efecto contrario. Se puede decir que el subsidio es la contraportada de un impuesto.
El subsidio crea el incentivo para producir o consumir algo que sin la subvención no sería rentable producir o consumir. Los subsidios en esencia falsifican los precios. Y esto es exactamente lo que se pretende hacer con el ferrocarril eléctrico.
Sin esa subvención de entre $50 millones a $150 millones por año, el precio del pasaje del ferrocarril sería el monto real que establece el mercado – por tanto -, muy pocos usuarios estarían dispuestos a pagarlo.
Porque les resultaría mucho más barato utilizar otro medio de transporte; – por ejemplo -, sus propios vehículos, un taxi, Uber, etc. El subsidio baja artificialmente el precio, para obligar a las personas a usar un ferrocarril que en condiciones normales no usarían.
Por efecto del subsidio se haría posible cobrar un precio ficticio para justificar la realización del tren, que sin la subvención no sería rentable y – por ende -, no sería conveniente construir.
Debido a los subsidios los precios resultan siempre arbitrarios y falsos. Así, los subsidios impiden asignar los recursos de una manera eficiente.
Además, no solo implican un derroche de capital en actividades no productivas o rentables, como quiere hacerlo el gobierno con la construcción del tren eléctrico; sino que también los subsidios conllevan una tremenda injusticia.
Un subsidio siempre implica avalar la expropiación del patrimonio de otra persona. Porque siempre será el pagador de impuestos el que termine pagando el subsidio.
Esto supone el uso de la fuerza para que una persona que produce no pueda disfrutar del beneficio que obtiene de su trabajo. Mientras que otro sujeto disfrutará de algo que, en parte no es el producto de su trabajo, sino el resultado del esfuerzo y la riqueza ajena. Y esto es una evidente degradación moral.
