“La visión gubernamental de la economía puede resumirse en unas cortas frases: si se mueve, póngasele un impuesto. Si se sigue moviendo, regúlese, y si no se mueve más, otórguesele un subsidio”.
Esta frase de Ronald Reagan, expresidente de los Estados Unidos, resume perfectamente la voracidad fiscal de la administración del Estado costarricense. Todas las acciones del Ministerio de Hacienda tienen esa finalidad. Cito tres ejemplos:
En Costa Rica cada vez que alguien realiza una compra por medio de tarjeta de crédito o de débito, automáticamente el Ministerio de Hacienda le aplica al comercio un adelanto del pago del impuesto de renta y del impuesto al valor agregado, entre ambos suman casi un 8% del precio pagado. Estas retenciones impiden a las empresas aprovechar el flujo de efectivo en su actividad habitual, termina por generar créditos fiscales que son prácticamente imposibles de redimir y ante la crisis que atraviesa el país serán muy pocas las empresas que generen utilidades. Los defensores de esta voraz práctica dicen que deben aplicarse estas retenciones para dar trazabilidad fiscal, algo que no es del todo cierto, ya que existen mecanismos como el IVA y la factura electrónica que permiten dar esa trazabilidad, pero el Ministerio de Hacienda lo que pretende es quitarles el dinero a los comercios tan pronto como sea posible; es decir, apenas les pagan con tarjeta.
Con la creación del IVA se facultó al Ministerio de Hacienda para que lo cobre a los servicios digitales transfronterizos. Los servicios digitales transfronterizos son aquellos que brinda un proveedor no domiciliado en el país por medio de internet o cualquier otra plataforma digital, que son consumidos en el territorio nacional. El próximo 1 de agosto a los pagos realizados con tarjetas nacionales se les cobrará un 13% cuando compren a los proveedores identificados en la lista comunicada por la Dirección General de Tributación (Netflix, Uber, Amazon, iTunes, Despegar.com, entre otros). Las grandes interrogantes son: ¿Cómo podrá identificar la entidad financiera si lo que se pagó es un bien o un servicio? ¿Cómo logrará determinar que el servicio se disfrutó en el territorio nacional y no fuera del país, pagado con una tarjeta nacional? ¿Cuál será el procedimiento para reclamar por cargos de impuestos que no corresponden? ¿Cómo cobrarán el IVA a servicios que la propia administración dice son ilegales, como Uber y Didi?
El Ministerio de Hacienda está en negociaciones para obtener créditos de apoyo presupuestario (para cubrir gastos actuales) por un monto de $2.729 millones, a eso hay que sumar todos los créditos que pretenden aprobar (tren, tecnología para el Ministerio Hacienda, etc.) y ya la deuda anual del país supera el 60% del PIB. Estamos riesgosamente hipotecando el futuro de los costarricenses, obligándolos a pagar la deuda vía nuevos impuestos. La facultad que tienen los gobiernos para adquirir deuda parece ser antidemocrática, pues se comprometen los patrimonios de las futuras generaciones, quienes no votaron por los políticos que están firmando los contratos actualmente y se pierde todo rastro de representatividad.
La batalla en contra la voracidad fiscal de la administración estatal no es nueva, sin embargo siendo realistas es una batalla que los costarricenses estamos perdiendo y más nos vale estar preparados para las devastadoras consecuencias.
