El Poder Ejecutivo presentó en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que pretende reducir la jornada laboral de ciertos funcionarios públicos en un 15% con la consecuente reducción de la remuneración. A mi juicio, dicho proyecto no va a ser aprobado antes de setiembre según las intenciones del Poder Ejecutivo, por lo que el ahorro esperado para este año no se dará. La razón es muy sencilla: Debe ser consultado con el Poder Judicial, las municipalidades y las instituciones autónomas. Eso nos llevará a mediados de agosto. Es un hecho de que el Poder Judicial indicará que le afecta su organización interna por lo que eso calificaría la votación en la Asamblea Legislativa (se requerirán al menos 38 votos en lugar de mitad más uno de los presentes lo que impedirá la posibilidad de aplicar una vía rápida al proyecto). Las municipalidades e instituciones autónomas se pronunciarán en contra, argumentando violación a la autonomía, entre otras razones. Todo eso hará que cada vez más diputados se opongan al proyecto, dificultando la tramitación legislativa. Si eventualmente se llegare a votar, no tengo la menor duda de que más de 10 diputados llevarán el proyecto votado a consulta de constitucionalidad, que en el caso de que no tuviere problemas de constitucionalidad (que lo dudo en su versión actual), el proyecto se estaría votando en segundo debate en diciembre.
En lugar de esa ruta escabrosa para lograr un pequeño ahorro este año (comparado con el enorme déficit fiscal proyectado), y un ahorro neto para un año que en total será aproximadamente de 90.000 millones de colones, propongo las siguientes acciones:
- No reponer plazas vacantes en el sector público por renuncia, despido, pensión o fallecimiento. Según Fernando Zamora Castellanos el ahorro anual por esa medida es de aproximadamente 180.000 millones de colones.
- Presentar y aprobar un proyecto de ley alternativo, muy sencillo, autorizando a cada entidad pública a reducir la jornada laboral de los funcionarios públicos hasta en un 50% (parecido al que se aprobó para el sector privado), con la correspondiente reducción en la remuneración, debido a la reducción de ingresos operativos de las entidades públicas y en vista de que en muchas entidades una gran cantidad de funcionarios no están trabajando.
- No pagar el plus de dedicación exclusiva. Los funcionarios públicos a quienes hoy se les paga deberían tener la posibilidad de ganar recursos extras ejerciendo su profesión en horas no laborables.
- No aprobar ningún incremento salarial a partir de enero del 2021
- En vista de que la Sala Constitucional acaba de señalar que el salario escolar es un aumento salarial diferido, pagado en enero de cada año, el no aprobar ningún incremento salarial a partir de enero del 2021 incluye no pagar salario escolar en enero del año 2022.
Estas dos últimas medidas son también en aplicación de la regla fiscal contenida en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Esas son solo algunas de las acciones que es necesario acometer para empezar a disminuir el gasto público. Como lo he venido promoviendo desde hace mucho tiempo, se requiere hacer una reestructuración del Estado, cerrando y fusionando muchos entes públicos, lo que reducirá significativamente el tamaño de la planilla; vender activos; explotar recursos naturales; condonar deudas entre entes públicos; refinanciar deuda pública con mayores plazos y mejores tasas de interés; rebajar el pago de intereses a deudas con acreedores del sector público; reactivar la economía, para lo cual hay que abrir todos los monopolios, eliminar barreras legales de entrada a actividades económicas oligopolizadas, promover el libre comercio, decretar una moratoria de todo tipo de regulaciones que desincentivan o hacen demasiado costoso emprender en el país; y racionalizar el sistema tributario.
