La crisis económica generada por el COVID-19 ha evidenciado las consecuencias de no contar con unas finanzas públicas sanas, lo cual queda expuesto en la imposibilidad estatal de aplicar políticas públicas que protejan a los diferentes sectores sociales, como mínimo a los más desprotegidos.
Si bien todas las crisis económicas son diferentes, los discursos de los sectores se mantienen. El más común de los discursos proviene de la izquierda, el cual expone la necesidad de que sean los ricos quienes paguen la crisis, utilizan la redistribución de la riqueza como el principal de los mecanismos para la protección de los sectores vulnerables y la salida de la situación económica que se vive.
Ante la presencia de los discursos redistributivos hay que analizar la eficiencia de las políticas que tienen como objetivo la movilidad social.
El país históricamente ha planteado una lucha contra la pobreza y desigualdad, sin embargo, en la última década el país esta lucha la ha perdido, y por goleada. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los niveles de pobreza monetaria se han mantenido por encima del 20% de los hogares en la última década. En términos de igualdad de ingresos, para este mismo periodo el país ha mantenido una repartición de los ingresos sumamente inequitativa, indicadores como el Coeficiente de Gini han demostrado niveles preocupantes en la distribución de los ingresos (Gini de 0,5).
Ante el comportamiento de estas variables por una década, se debe de ser critico en la eficiencia estatal en la generación de la tan ansiada igualdad en la población. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha brindado criterios acerca las políticas redistributivas del país, en que determinan la poca contribución del sistema impositivo al traslado de recursos de los hogares con rentas más altas a más bajas. Según datos de la misma OCDE, el Coeficiente de Gini ha sido poco sensible a las políticas redistributivas del Estado, pasando el Gini de 0,5 antes de impuestos y trasferencias, a un Gini de 0,48 después de las políticas fiscales, reflejando la ineficiencia estatal en la redistribución de los recursos.
El gasto social en Costa Rica no solo ha sido ineficiente en términos de la utilización de los recursos, sino también ha demostrado ser inequitativo en la generación de oportunidades, la más importantes de las desigualdades y en lo que nos deberíamos de estar centrados en estos momentos. El ejemplo es la educación superior, en donde los estudiantes provenientes de los quintiles con menor nivel de ingresos poseen una probabilidad bruta de ingresar a las universidades sumamente reducida, lo que llega a impactar al mediano y largo plazo la distribución de los ingresos en la población.
El discurso de la redistribución de la riqueza siempre va a ser popular. En el caso de Costa Rica no es solo popular, sino populista. Los datos e indicadores han evidenciado a lo largo del tiempo la ineficiencia no solo en mantener un equilibrio presupuestario sano, que llegue a generar oportunidades y contextos económicos de desarrollo generalizado de los sectores, sino también ha demostrado la ineficiencia estatal en el traslado de recursos entre las clases.
