Frustración. Enojo. Tristeza. ¿Cómo no sentirse así ante la inopia mental de la administración Alvarado que queda nuevamente reflejada en esta negociación con el FMI?
Ya estaba cantado. En la columna del lunes predije que se venía un nuevo aumento de impuestos. Es más, lo advertí desde junio cuando propios y extraños estaban bajo la impresión de que el FMI iba a obligarnos a hacer las reformas que hemos pospuesto por tantos años. ¡Cajita blanca!
Y, aún cuando no albergaba ningún tipo de esperanzas, no dejan de enojarme los detalles que ya se filtraron sobre la propuesta del gobierno. En pocas palabras, lo que la administración Alvarado pretende es nuevos impuestos para poder acceder a más endeudamiento externo el próximo año y así patear la bola a mayo del 2022. Veamos los detalles:
IMPUESTOS:
1.- Impuesto a las transacciones bancarias: Lo cantamos hace unos días. El gobierno abjuró de aumentar el IVA, pero necesitaba otro gravamen que le sirviera de «maquinita recaudadora». Eso lo ofrece este impuesto, el cual es muy fácil de cobrar puesto que los bancos hacen todo el trabajo. En este video, Daniel Suchar Zomer explica muy claramente por qué este impuesto es nefasto (https://rb.gy/j7xmct). Mi voto: NO.
2.- Aumento temporal en tasas de renta: No sabemos los detalles, pero parece que será una sobretasa sobre los individuos que ganen más de ¢800.000 y sobre las empresas. En el primer caso, estaría de acuerdo –como lo he señalado anteriormente– si se tratase únicamente del sector público, como lo hizo Uruguay desde el inicio de la pandemia. Aquí hay un factor fundamental que distingue a los asalariados públicos de los privados, y es la estabilidad laboral. Mientras los primeros pueden dormir tranquilos todas las noches sabiendo que no perderán sus trabajos y no verán reducidas sus jornadas o ingresos, en el sector privado ese no es el caso. En cuanto a las empresas, una sobretasa llevaría el impuesto de renta por encima del 30% actual, que ya de por sí es más alto que el promedio latinoamericano y de la OCDE. Más impuestos sobre las empresas significa menos inversión y menos generación de empleo. Mi voto: NO.
3.- Impuesto a las grandes cooperativas: No es justo que grandes emporios comerciales, que además disfrutan de otras protecciones y beneficios comerciales, crediticios, etc., no paguen impuesto de renta como el resto de los mortales simplemente por estar constituidos como cooperativas. Se supone que todos somos iguales ante la ley. Ya es hora de acabar con este privilegio odioso producto de padrinazgos políticos. Mi voto: SÍ.
4.- Nuevo impuesto del gobierno a bienes inmuebles: Actualmente las municipalidades cobran un 0,25%, una tasa que, es justo señalar, se encuentra entre las más bajas de América Latina. El gobierno propondrá un 0,50% adicional que iría a Hacienda. Este ajuste lo vería a la luz de la reforma planteada sobre cargas sociales. Así que, antes de colgarme por mi posición, por favor lean hasta el final de este post. Mi voto: QUIZÁS.
EXONERACIONES:
1.- Eliminar la exoneración del impuesto de renta al salario escolar: Más bien debería eliminarse el salario escolar, el cual es un decimocuarto salario que solo disfrutan los empleados públicos. La Magdalena no está para tafetanes. Eliminar el salario escolar es justo en tiempos normales y es imperativo en esta crisis. ¿En verdad vamos a meterle impuestos a las transacciones bancarias y a las empresas para financiar un decimocuarto salario en el sector público? Incluso bajo la última interpretación de la Sala IV de que el salario escolar es un aumento salarial diferido, no debería pagarse, puesto que la regla fiscal establece que no se pagarán aumentos en el sector público una vez que el endeudamiento supere el 60% del PIB. Mi voto: SÍ, pero NO ES SUFICIENTE.
CONTENCIÓN DEL GASTO:
1.- Reforma al empleo público: Sí, esta es la misma reforma que nos prometieron inmediatamente después del último paquete fiscal en diciembre del 2018. Le tomó al gobierno 5 meses presentarla a la Asamblea Legislativa pero venía tan mal hecha que la retiró y la volvió a presentar 8 meses después. Y la nueva versión ha sido fuertemente criticada por la Contraloría y la Procuradoría por quedarse corta. Mi voto: SÍ, pero no seamos ingenuos: el gobierno no tiene mayor prisa en que se apruebe.
2.- Suspensión de nuevas anualidades a empleados públicos por cuatro años: Esto es lo mínimo. Es más, deberían suspenderse hasta que el nivel de deuda no regrese al 50% del PIB. Mi voto: SÍ, pero se requiere mucho más.
VENTA DE ACTIVOS:
1.- Venta de Fanal y Bicsa: Como lo predije en la columna del lunes, el gobierno va a proponer estas dos ventas –que ya las había planteado en enero, sin hacer mayor cosa por materializarlas– con tal de darle al paquete un barniz de reforma del Estado. Pero el valor de estos dos entes es ínfimo en relación con la crisis fiscal que enfrentamos. Si queremos hablar en serio, hay que poner sobre el tapete la venta del INS y el BCR. Mi voto: SÍ, pero es insuficiente.
CARGAS SOCIALES:
1.- Eliminar el aporte patronal a FODESAF y este lo asumiría el gobierno: Debo confesar que esto sí me llamó la atención, puesto que es algo que propuse en una columna en junio (https://rb.gy/bg6ra0). Eliminar el aporte patronal a Fodesaf y que este se financie con impuestos ordinarios significa que el 26,5% que actualmente pagan los patronos en cargas sociales se reduciría a 21,5%. Eso sigue siendo más alto que el promedio de la OCDE, pero sería un paso en la dirección correcta para incentivar el empleo y la formalidad, especialmente de la mano de obra poco calificada. Ese 5% de Fodesaf que se financiaría con impuestos ordinarios equivale a poco más de 1% del PIB. Mi predilección absoluta es que eso se financie con recortes de gasto, pero en un escenario de un déficit fiscal del 8% del PIB el próximo año, no es muy viable que digamos. En su último informe económico, la OCDE recomienda aumentar el impuesto a los bienes inmuebles –que en Costa Rica es relativamente bajo comparado con otros países– con el fin rebajar las cargas sociales. Por eso apoyaría un aumento de ese impuesto SIEMPRE Y CUANDO la reforma sea neutra desde el punto de vista fiscal y se concrete en una misma ley. Es decir, que el monto que recaude el aumento en el impuesto de bienes inmuebles no supere el monto de la obligación que asume el fisco haciéndose cargo del financiamiento de Fodesaf. De tal forma, no estaríamos ante un aumento neto de la carga tributaria, sino de un acomodo de su composición. En el proceso, se estimula la contratación de mano de obra poco calificada, mejorando las perspectivas de empleo de decenas de miles de costarricenses. Mi voto: SÍ.
Para finalizar, por ninguna parte vemos medidas concretas para recortar el gasto, ponerle coto a las pensiones de lujo, y cerrar o fusionar instituciones del Estado. Es decir, la apetecida reforma del Estado que muchos creyeron que el FMI nos iba a obligar a realizar brilla por su ausencia. Repito, estamos ante un parche para patear la bola a mayo del 2022 y, en el proceso, empobrecer aún más a los costarricenses.
