Cuenta la leyenda que en los bosques medievales de Inglaterra merodeaba un arquero con ideales nobles que le robaba a los ricos para darle sustento a los pobres. Este héroe del folklore europeo es mundialmente conocido como Robin Hood, que más allá de si fue real o no, es un ejemplo de rebelde que luchaba por el bien de los débiles sin miedo a los poderosos.
Para muchos ya debe ser familiar el concepto de “la redistribución de la riqueza” que consiste en que el Estado haga lo mismo que el mencionado héroe inglés. A través de impuestos a los ricos el gobierno en turno se encargaría de darle dinero, bienes o servicios a los pobres para repartir el pastel de la riqueza de manera más justa. Lo anterior suena como la solución definitiva al problema de la pobreza.
Sin embargo, que el estado haga la tarea de Robin Hood es una contradicción en sí misma.
¿Por qué si el Estado es el único capaz de hacer por medios legales?
Desde la era medieval era bien sabido que los principales motivos de la pobreza eran (y siguen siendo) los impuestos cobrados por el Estado. Lo que hacía Robin Hood era atacar a los nobles o miembros de la burocracia que vivían de los altos tributos que pagaban los campesinos, así que el héroe de la leyenda era un enemigo del gobierno y los ricos eran los miembros de la autoridad estatal que le quitaban el producto de su trabajo al resto de la población.
¿Pero esto no es válido en pleno siglo XXI?
Ya no tenemos reyes tiránicos ni inquisiciones que matan por el pensamiento y la pobreza mundial ha caído en más del 90% desde entonces. Pero si hay algo que no deja despegar a economías como la nuestra hacia el desarrollo, es el peso gigantesco del aparato estatal, incluyendo sus políticas de redistribución de la riqueza.
Nuestros gobiernos han hecho propuestas con ese propósito y suenan bien en el discurso, pero veamos la práctica:
El 62% del presupuesto del sector social (inversión para combatir la pobreza) se destinó al pago de remuneraciones en 2015. Esto quiere decir que de cada 100 colones que aportamos para el sector social, solo 38 llegan a quienes los necesitan, el resto es la comisión que cobran los funcionarios por su labor social.
En el caso específico del PANI, apenas el año pasado estaban solicitando un recorte de presupuesto porque les estaban sobrando importantes cantidades de dinero, pero presentaban un hacinamiento en los albergues del 30%, entre otras cifras preocupantes.
Por otro lado, el MEP firma una convención colectiva que les genera más beneficios a los profesores y perdona la pequeña suma de 28 000 millones de colones que se les pagaron demás a funcionarios de dicho ministerio. Todo esto mientras numerosas escuelas se caen a pedazos, los estudiantes sin internet pierden un año de educación y los resultados del país en las pruebas PISA están por debajo del promedio de la OCDE.
Entonces ¿A quién estamos ayudando realmente? ¿A una familia de bajos recursos que realmente lo necesita o a los burócratas que trabajan en esas instituciones?
Cuando vemos que el salario promedio del sector público es el doble del sector privado, no quedan dudas. Para el costarricense es más atractivo trabajar en una institución estatal que en una empresa privada. El Estado sigue siendo más rico que el resto de los habitantes a través del mecanismo de los impuestos.
Si esto hubiese cambiado no tendríamos catedráticos ganando 10 millones al mes ni pensiones de 12 millones para las que no se cotizó. No serían normales los casos de corrupción que salen a la luz cada semana, en que altos mandos de instituciones beneméritas del país se reparten el presupuesto nacional entre conocidos cual botín en un atraco. Los mismos que al final de su mandato huyen del país para no dar la cara frente a las víctimas del robo. O hacen actos mágicos de desaparición y dejan de asistir a las plazas públicas de mediodía por largos períodos de tiempo.
¿El Estado no es un Justiciero Social?
La verdad es que, quienes conforman el Estado están redistribuyendo la riqueza… La redistribuyen de nuestras manos a los bolsillos propios, a los de amigos y familiares de quienes gobiernan. Ellos hablan de pobreza y que paguen los más ricos, pero ellos son los ricos y no están dispuestos a pagar un solo colón. La disminución de la pobreza se queda en el discurso y cuando ven que falta dinero en las arcas para mantener sus altas comisiones, salen a los medios a pedir más impuestos porque es una responsabilidad de todos pagar la factura de la fiesta que solo ellos disfrutaron.
Cuenta la leyenda que en la pacífica república de Costa Rica; no hay reyes, pero hay alcaldes vitalicios; no hay señores feudales, pero hay rectores universitarios con territorios soberanos; no hay servidumbre, pero hay que pagar una carga tributaria de casi un 60%; no tenemos a Robin Hood, pero tenemos personas dispuestas a parar este abuso que, en lugar de flechas, necesitan un voto responsable de parte nuestra cuando llegue el momento.
