La semana pasada el gobierno inició la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en búsqueda de sostenibilidad fiscal al mediano y largo plazo, la que es, quizás, la negociación más importante en las últimas décadas.
Mediante la aplicación de medidas de ingresos y gastos, el Estado espera lograr un superávit primario para el 2023. A pesar de ya existir una ruta anunciada por parte del gobierno en este plan 2.0, sigue habiendo un gran ausente en las distintas propuestas, las políticas de crecimiento económico.
Estudios económicos de gran número ajustes fiscales a lo largo del mundo han demostrado la importancia de la aplicación de políticas de acompañamiento económico para salir de las difíciles situaciones fiscales (siempre económicas), esto en búsqueda de aumentar la producción en tal medida que el tamaño de los déficits y deuda sobre el PIB sean cada vez menores. Además, las medidas de crecimiento no solo tienen esta finalidad, sino también que la dinamización de la economía trae consigo un aumento en los ingresos estatales, lo cual también reduce el déficit.
El gobierno ha sido un constante propulsor de nuevos ingresos (vía deuda o impuestos), sin embargo, este comportamiento entusiasta y constante no ha sido el mismo para la promoción de medidas que generen crecimiento económico, sino lo contrario, el Estado costarricense se ha convertido en una caja de pandora, en la cual, lo único que hace es generar más desincentivos a la producción, reducir las oportunidades y matar el emprendimiento. Todo esto al mismo tiempo en que los costarricenses vemos cada vez más deteriorados los indicadores sociales y económicos.
Desde el gobierno no deben pensar mucho en las medidas necesarias para generar crecimiento económico, organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) les facilita gran parte del trabajo que se debe realizar. Este organismo ha sido enfático en la necesidad de liberalizar mercados (arroz y azúcar), aumentar las posibilidades de integración femenina a los mercados laborales (ampliación de la red de cuido), aumentar la competencia bancaria (reducción del poder de mercado estatal), mejorar la inversión en capital humano (generar una oferta educativa a nivel superior ajustada a los mercados), entre otras medidas.
La estructura y características del próximo acuerdo con el FMI va a ser no solo insuficiente en términos de los montos a acceder en el préstamo, sino también que generará un costo social importante. Las medidas que se optarán no solucionarán aquellos problemas estructurales que nos han conducido al abismo en el que nos encontramos, únicamente se patea la pelota (una vez más), hasta mayo del 2022.
