Costa Rica enfrenta uno de los problemas de deuda más grande de su historia; más allá del tamaño de esta, el problema comienza porque la dependencia a la deuda para poder sostener el aparato público ha significado una erosión importante en el sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia.
Es común ver al Ejecutivo planeando estratagemas y complicados planes para evadir el principio constitucional de que para publicar deuda externa es necesaria la aprobación legislativa.
Ante esta situación vemos como la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial callan, convirtiéndose en cómplices de una violación directa a principios constitucionales y legales. Por más figuras extravagantes que se utilicen, colocar deuda pública en el exterior (aunque sea por medio de intermediarios) sin aprobación legislativa, es inconstitucional.
Hace exactamente dos años vimos como la relativización del contenido presupuestario terminó en un gran “hueco fiscal”; como fue llamado por sus autores, degradando la confianza de los inversionistas que no son de sector público y creando un daño irreparable a la institucionalidad costarricense, ya de por sí bastante dañada desde que aprendimos inclusive a vivir con presupuestos inconstitucionales sin una sola sanción a quienes violentaron el proceso legislativo para la aprobación de presupuestos.
Ahora la desidia que muestran los legisladores y los jueces frente a los cumplimientos de las reglas presupuestarias son la situación que más consternación causa, ya que son estas dos instituciones las encargadas de controlar y limitar el poder de un Ejecutivo predatorio e irresponsable, que gasta a manos llenas. Siendo que todos creen tener un derecho casi irrestricto de irresponsabilidad no toman la simple decisión de organizar las finanzas públicas y recortar el tamaño del Estado para limitar la cuenta que tenemos que pagar los contribuyentes; esto porque claro, significaría tomar decisiones que podrían afectar los órganos que representan y han demostrado ser incapaces de mirar introspectivamente.
La decisión consciente que toman los miembros de los supremos poderes de evadir toda forma de control presupuestario (incluida la flamante regla fiscal impuesta hace dos años y medio), puede significar el mantenimiento presente de una estabilidad política ilusoria, pero siembra las semillas de la misma destrucción del sistema con peores consecuencias que las actuales, ya que ¿qué pasa con los Estados que no respetan su propia Constitución y Ley?
Estamos sembrando y viendo como se siembran las semillas de una profunda lesión a la democracia costarricense que ha probado ser incapaz de detener la voracidad del Poder Ejecutivo, que como gran gracia anuncia con bombos y platillos que ha encontrado nuevas formas de faltar a su deber más básico, el respeto a la constitución y con los sectores protegidos que agradecen estas irresponsabilidades porque aseguran el mantenimiento de sus privilegios extorsivos.
