Desde que inició la discusión sobre cómo cambiar el régimen de empleo público he insistido que el país urge de una reforma fiscalista, es decir, que genere ahorros inmediatos al fisco. La reforma de empleo público es un pilar importantísimo en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas.
Esta no era la tesitura original del Poder Ejecutivo, el cual insistía en que el objetivo principal de la reforma era ordenar el régimen de empleo público, no generar ahorros inmediatos. Por suerte, dado el muy precario estado de las finanzas estatales, el gobierno ha cambiado de parecer y ahora impulsa una versión de la reforma que sí daría réditos al fisco desde el primer año de vigencia.
La polémica gira en torno a cómo implementar el salario global, que vendría a sustituir al sistema actual que consiste en un salario base y una gran cantidad de pluses salariales que varían de institución a institución. La dinámica sería la siguiente, como lo explica La Nación: «En algunos casos, el salario global superará el vigente. Los funcionarios con sueldos inferiores al global seguirán recibiendo pluses y aumentos hasta alcanzar la remuneración de su categoría. Los aumentos paulatinos permitirán un ajuste gradual y a nadie se le tocará el sueldo».
Existe una duda razonable, abrazada por la Fracción del PUSC, de que al pagar distinto a funcionarios por realizar una misma función, el Estado estaría discriminando y exponiéndose a demandas en los Tribunales de Trabajo (los cuales tienden a ser muy favorables a los los trabajadores). Al final, el Estado terminaría pagando una millonada en indemnizaciones. Para evitar este escenario, los diputados socialcristianos proponen mover de una vez a todos los trabajadores al salario global, aún cuando eso implicaría más bien un aumento sustancial de corto plazo en el gasto público.
Si bien creo que es una duda muy razonable, no la comparto. Múltiples juristas como Rubén Hernández, José Joaquín Arguedas y Paola Gutiérrez han esbozado argumentos señalando que el cambio fiscalista sí es posible. Además, hay sendos pronunciamientos de la Procuraduría y la Sala Constitucional que apuntan en la misma dirección. Y aún si quedaran dudas al respecto, el proyecto pasará por el tamizaje adicional de una Consulta Facultativa de Constitucionalidad.
La Carta Socialcristiana a Costa Rica (https://bit.ly/3bFEoW7) señala como un principio esencial del PUSC el «respeto a los equilibrios macroeconómicos». Promover una reforma de empleo público que aumentaría el gasto y el endeudamiento en momentos en que el déficit proyectado para esta año está en el 8% del PIB y la deuda supera el 70% del PIB no es consistente con dicha máxima. El PUSC debe ser el partido de la responsabilidad fiscal. Por eso insto a sus diputados a reconsiderar su posición y apoyar la moción que garantizaría una reforma de empleo público que traiga alivio fiscal inmediato.
