Las criptomonedas no necesitan ni se detienen por las fronteras nacionales. Tampoco están sujetas al capricho del legislador. Además, las «criptos» están fuera de la supervisión de los bancos centrales. También pueden servir para realizar pagos transfronterizos, pero sin necesitar del sistema bancario comercial de un país.
Y las transacciones pueden hacerse de manera anónima según la forma y la criptomoneda que se use. Las «criptos» tampoco necesitan de un respaldo físico. Sus registros se crean de manera descentralizada, que son generalmente anónimos salvo para las partes interesadas. Entonces la pregunta es: ¿dejarán los bancos centrales (los gobiernos) que algo así siga creciendo y su uso se generalice?
La respuesta parece darla Christine Lagarde.
En una entrevista publicada por Reuters, Lagarde la presidente del Banco Central Europeo, dijo que bitcoin es un: «activo altamente especulativo», que se presta para «algunas actividades reprobables».
Lagarde hizo mención al lavado de dinero. Además, dijo que:
«Tiene que haber una regulación. Esta tiene que ser aplicada y acordada a nivel global, porque si hay una fuga esa fuga será utilizada».
Alan Greenspan fue presidente del banco central (FED) de los E.U.A. En 1966 Greenspan escribió, junto a Ayn Rand, uno de los capítulos de la obra: “Capitalismo: El Ideal Desconocido“.
Dice Greenspan:
“En ausencia del patrón oro, no hay forma alguna de proteger los ahorros de la confiscación que supone la inflación. No hay ningún depósito de valor seguro. Si lo hubiera, el gobierno tendría que hacer ilegal su posesión, como se hizo en el caso del oro»
Greenspan hablaba sobre el patrón oro, pero lo que dijo sirve también para las «criptos».
El uso generalizado de las «criptos» (no solo de Bitcoin) representa la destrucción del monopolio en la emisión de dinero que tienen los bancos centrales.
Desde luego, al monopolista no le agrada esto. Porque entienden que los gobiernos no podrán seguir expropiando la riqueza del pagador de impuestos por medio de la inflación, la cual es el último recurso del gobernante para financiar el creciente gasto público que demanda el “estado de bienestar”. Desde luego, a los estatólatras – como Lagard -, tampoco les agrada esto.
