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Las mentiras del gobierno como política pública

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Artículo de opinión

Este artículo representa la opinión de su autor y no necesariamente la posición editorial de SOMA CR.

Las negociaciones cuasi secretas y las posteriores presentaciones de proyectos de ley a la Asamblea Legislativa, para una nueva ronda de impuestos, poco más de dos años luego de la última, han estado plagadas de “medias verdades”, desinformación y en muchos casos mentiras abiertas.
Es triste saber que tales desaciertos intentan ser cubiertos de errores administrativos, de errores de comunicación, pero nunca aceptan que mentir sobre lo que presentan se ha convertido en el modus operandi del Poder Ejecutivo. Luego de que presentan el primer plan de lo que sea que vayan a “solucionar”, salen a la luz pública graves abusos en los proyectos, muchas veces gracias a la poca prensa que todavía se dedica a revisar y controlar la actividad política de forma honesta.


Este comportamiento lo hemos visto ya en incontables oportunidades durante el presente gobierno, lo vimos en el decreto de UPAD y más recientemente lo vemos en las negociaciones con el FMI, donde el Ejecutivo busca descaradamente obtener más y más información tributaria de los administrados, valiéndose de la “crisis fiscal” creada por ellos mismos. Y por esto último me refiero a la negativa de controlar el gasto de manera real, luego de aprobado el último paquete de impuestos.


Otro de los comportamientos cuestionables del gobierno es salir a decir que se presentan presupuestos “a la baja” por primera vez en la historia del país, cuando esos presupuestos ordinarios vienen acompañados de una lista casi interminable de presupuestos extraordinarios, que más que extraordinarios se terminan convirtiendo en una excusa para el gasto ordinario. Esta semana logramos ver ese ejemplo muy claro en la gran reprimenda ejercida por la Contraloría General de la República a los personeros del Ministerio de Justicia, quienes desde marzo del año pasado intentaron una contratación administrativa para las “tobilleras” de las personas con beneficios de ejecución condicional de la pena, siendo que el ministerio no incluyó dentro de la presupuestación ordinaria la contratación, y luego sin contenido presupuestario intentaron llevar a cabo la contratación, en lo que pareciera una jugarreta para mantener su presupuesto ordinario anómalamente bajo, siendo que este comportamiento se repite en casi todas las instituciones públicas, así es como se ha financiado la capitalización del fideicomiso para la carretera San José-San Ramón, con el fin de diluir la información de una manera que tengan poco control legislativo.


Lo más preocupante de esta “nueva” forma de hacer política es que, al institucionalizar la mentira como medio de obtención de gollerías con nulo control, vemos como la corrupción se ha institucionalizado, y hasta en lo más álgido de la afectación por la pandemia, pareciera que algunos funcionarios utilizaron esto a su favor en contrataciones millonarias que solo los beneficiaron a ellos mismos.


Las mentiras del Ejecutivo llegan al punto de justificar la existencia de instituciones públicas caras e ineficientes, con tal de mantener todo estático. Así vemos al Estado justificar la existencia de Recope, del CNP, de Racsa, mediante afirmaciones que solo sirven para protegerse a sí mismos, y nunca al contribuyente que paga por ellas. Lo peor es que mientras nuestra sociedad acepte estas mentiras, no podemos ser capaces de mejorar nuestra sociedad y eliminar algo del Estado que nos quita dinero, tiempo y bienestar.

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