Minería y explotación: peligros populistas

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Artículo de opinión

Este artículo representa la opinión de su autor y no necesariamente la posición editorial de SOMA CR.

Una perspectiva liberal del por qué no deberíamos apostar por la extracción de recursos no renovables.

Recientemente, el tema de la minería a cielo abierto ha tomado auge en nuestro país debido al desastre ambiental que supone el fallido proyecto en Crucitas y a la nula respuesta de los gobernantes. Esto, aunado a la crisis económica agravada por la pandemia por COVID-19, ha provocado que diversos actores promuevan la explotación minera que se truncó en dicho territorio para evitar que los recursos que se encuentran ahí se sigan explotando de manera ilegal.

De entrada, es necesario decir que el portillo que se abrió con el proyecto en Crucitas no tiene una solución a la vista, ni es el objetivo de este artículo, es claro que a la problemática económica, social y de seguridad nacional que ahí se desarrolla las autoridades deben responder con premura y responsabilidad. El objetivo de este artículo es, más bien, aportar a un debate que sucede en otro estadio. A razón de aportar argumentos desde la perspectiva liberal, es necesario recordar que la negligencia política no puede justificar retrocesos en materia ambiental, ni es motivo suficiente para correr los riesgos económicos, políticos y sociales que esto supone.

¿Explotación responsable? Noruega lo hace sin desastres.

Uno de los argumentos utilizados por quienes defienden la explotación de recursos fósiles y minerales es que esta es una práctica ambientalmente viable si se hace en las condiciones adecuadas y por medio de empresas responsables. Pues bien, vale la pena revisar quiénes son esos países modelo y qué hacen para ser eficientes en el proceso de explotación. Y el principal actor en esa categoría de “países petroleros verdes” es Noruega, por lo que será nuestra referencia.

Pero ¿qué características tiene Noruega para diferenciarse de otros países petroleros? La respuesta es variada, pero en primera instancia es necesario decir que Noruega es de los países con menor percepción de corrupción del mundo. Esto es un elemento clave, puesto que supone un sistema político transparente y funcional . De hecho, este país está en el top 10, ocupando la posición 7 a nivel mundial, en el índice de Percepción de la Corrupción que estudia a 180 países. Por su parte, Costa Rica ocupa el puesto 44.

Desde un punto de vista ecológico, a Noruega no le basta con no cometer desastres para catalogarse como un país verde. Este país nórdico es uno de los que más avanza en la ejecución de políticas para cumplir con los compromisos en el marco del Acuerdo de París, según Climate Action Tracker, superando el papel de los principales países petroleros del mundo en sus compromisos con dicho acuerdo. Noruega se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática en 2030 y ejecuta políticas ambiciosas y grandes inversiones para explotar energías renovables e implementar planes de reforestación y recuperación de los cuerpos de agua.

Es decir, a Noruega no le basta con lo mínimo, sino que desarrolla paralelamente una política ambiental agresiva como contrapeso de la extracción de combustibles fósiles. Y es de esa forma en la que este país logra ser reconocido como un líder en conservación ambiental. A diferencia de Costa Rica, Noruega no solo tiene un discurso ambientalista. En nuestro país las políticas ambientales más básicas como el cuidado del recurso hídrico no son más que eufemismos.

Del clientelismo político y el “Síndrome holandés”

Si hay algo que los liberales hemos combatido, con especial ahínco en nuestros países latinoamericanos, es el clientelismo populista de los gobiernos de la región. Son numerosos los ejemplos de países que, en época de bonanza de los commodities, despilfarraron en programas sociales clientelistas y sin ninguna estrategia social enfocada a resultados. Argentina, Venezuela o Ecuador son ejemplos de países que han incurrido en estas prácticas, lo que tuvo efectos nocivos, tanto económicos como sociales y políticos.

Es Venezuela el país con el caso más extremo, pero si alguien se ha preguntado cómo logró el chavismo conquistar la sociedad venezolana e iniciar un proceso de destrucción masiva de la actividad económica, pues debe repasar la fiesta del petróleo que se montó Hugo Chávez. Mientras el precio del petróleo estaba por las nubes, el gobierno repartió ayudas y dádivas a la población, quien respaldó el desmantelamiento del tejido productivo del país mediante expropiaciones arbitrarias. La “bondad” del gobierno chavista le fue respaldada en las elecciones con el suficiente poder como para desmantelar poco a poco las instituciones democráticas del país y difuminar la línea de la división de poderes.

Económicamente, si bien la explotación de recursos no renovables puede significar un impacto importante para el fisco, esto puede tener efectos negativos en otras industrias. A este efecto, se le conoce como “Dutch Desease” o “Síndrome del holandés”, que básicamente explica cómo las industrias que no pertenecen a este sector de explotación de recursos naturales corren riesgo de quebrar, debido a una abrupta revalorización de la moneda nacional.

“Los recursos atraídos por el sector en auge y la caída del tipo de cambio real tienden a causar una disminución del crecimiento del sector transable rezagado, debido al mayor costo de algunos factores productivos y a los menores precios relativos que enfrenta, con la consiguiente menor rentabilidad de capital invertido en este sector” (Jeftanovic, 2016).

Ese debilitamiento del tejido productivo también favoreció a que los gobiernos populistas dieran el tiro de gracia al sector productivo en países como Venezuela. Incluso en Chile ha sido cuestionado el avance en industrias extractivas como la del cobre o el litio por liberales como Axel Kaiser, quienes apuestan por desarrollar la capacidad productiva que ofrecen las nuevas tecnologías.

La gestión de los ingresos vs nuestra cultura del despilfarro

Para tener resultados distintos a los casos latinoamericanos, deberíamos hacer cosas distintas. En Noruega, por ejemplo, el sector echa mano del capitalismo de Estado, donde es la empresa estatal “Equinor”, antigua “Statoil”, la que controla la mayoría de la actividad, además, el Estado controla un 67% de sus acciones. Esta no es la única particularidad, sino que las ganancias generadas por la explotación de estos recursos, van directamente a un fondo soberano que sólo puede utilizarse para la inversión en empresas extranjeras que se cotizan en bolsas de inversión. El gobierno no puede utilizar dichos recursos para el gasto público, solo el rendimiento generado por el fondo.

Es decir, la idea de algunas personas en nuestro país de generar recursos para paliar una crisis social como la actual, dista mucho de las prácticas excepcionales de países modelo como Noruega y se acerca más a las típicas políticas populistas latinoamericanas, sin mencionar la evidente indisciplina fiscal que han evidenciado nuestros gobiernos e instituciones.

El futuro no está bajo tierra

Pasarán algunas décadas más para que los combustibles fósiles dejen de ser motor de desarrollo de las industrias. Pero es innegable que el futuro no está en ellos, sino en las alternativas a estos. Ciertamente la industria de las fuentes renovables de energía está en crecimiento, pero si algo ha demostrado esta industria, es su capacidad de innovar a un ritmo galopante. La confianza de los inversores en esta tecnología aumenta, mientras que el riesgo que supone la industria extractiva genera cada vez menos simpatía en ellos.

Nuestro país no debería abrir más portillos para que el populismo estatista tenga la posibilidad de darle a la piñata de los recursos generados por los combustibles fósiles, al contrario, es imperioso hacer las mil tareas pendientes para impulsar la competitividad en nuestra economía, haciendo el trabajo difícil y poniendo en marcha políticas que promuevan una economía adaptada a la 4° revolución industrial en la era del conocimiento, que promuevan la sostenibilidad y que resuelva los retos para la adaptación que supone el calentamiento global.

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