Instituciones para todos

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
jon-tyson-hhq1Lxtuwd8-unsplash

Artículo de opinión

Este artículo representa la opinión de su autor y no necesariamente la posición editorial de SOMA CR.

En mayo de este año, el presidente Carlos Alvarado firmó la ley de creación de la Agencia Espacial Costarricense (AEC) luego de que 35 diputados de la Asamblea Legislativa hubiesen aprobado esa ley a pesar de las advertencias de varios sectores, entre ellos su órgano auxiliar, la Contraloría General de la República, que le dijo claramente que dicha ley era simple y llanamente una ocurrencia. Esa ley fue propuesta por una diputada del PLN y apoyada por todas las fracciones legislativas: PAC, PUSC, FA, RN, NR, PIN y PRSC. 

Cuando la firmó, el irresponsable del presidente Carlos Alvarado, se dejó decir: “Tras las preocupaciones mostradas por diferentes sectores y la Contraloría General de la República sobre las vías de financiamiento de la agencia espacial, el Gobierno presentará una propuesta de reforma a la ley que permita garantizar que tenga un costo razonable y que se adapte a las posibilidades de plazos y presupuestos del país” O sea, en vez de vetarla y mandarla de vuelta con las reformas que él mismo decía que iba a presentar, prefirió firmarla a pesar de que sabía que estaba firmando algo que no servía. El pensamiento cortoplacista, irresponsable y cantinflesco de los diputados que la aprobaron, y del presidente que la firmó, deberían ser prueba suficiente de cómo actuarán esos partidos en el futuro y los electores deberían de tomar nota de semejante irresponsabilidad. 

Hoy apenas dos meses después de firmada la ministra de Ciencia y Tecnología del mismo gobierno que la firmó alerta sobre las falencias de la legislación que crea la AEC y sobre la forma cómo se financiará. Señala incongruencias en plazos de implementación, exigencias legales como la compra de un terreno para el cual no se planificaron fondos, plazos de reglamentación por parte del ejecutivo que tienen que darse sin que haya todavía un plan de acción de cómo funcionará. En fin, una colección de disparates que retratan a quienes votaron a su favor y a quienes la firmaron a sabiendas de sus falencias como lo que son: políticos de quinta, ocurrentes y tercermundistas, que les importa un comino despilfarrar los fondos públicos sólo por ponerse la medalla de que fueron los creadores de algo que no se sabe si quiera cómo funcionará. este país está lleno de políticos de “primera piedra” como les llamaba mi padre, esos que les encanta salir en la foto poniendo la primera piedra de algo que luego nunca funciona por lo improvisado que es.

Ya desde el 2012, en su memoria anual, la Contraloría General de la República, hizo una enumeración de qué preguntas debía de hacerse el legislador a la hora de crear nuevas instituciones estatales, y responder a esas preguntas debería de ser algo que deberíamos exigir los ciudadanos a nuestros políticos. A pesar de que son muchas, las cito porque desde mi partido, el PLP +, las tomaremos como guía a la hora de analizar cualquier propuesta de crecimiento del aparato estatal:

“¿Qué necesidad se requiere solventar con la iniciativa? ¿Cuáles son los sujetos responsables de cada una de las funciones establecidas? ¿Cuál es el esquema jurídico que se propone y cuál es el que mejor se adapta a los fines pretendidos por

la iniciativa? ¿Existen los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos futuros de la iniciativa? ¿Qué actividad alternativa se verá afectada con esta desviación de recursos y cuál será el impacto sobre la colectividad? ¿Quiénes son los operadores públicos en la actividad relacionada con esta iniciativa? ¿Existen otras instancias con funciones similares? ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación interinstitucional? ¿Se generan ahorros o se logran economías de escala con la iniciativa? ¿Se crea o se disminuye la capacidad del aparato estatal de adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales? ¿Cuál es el grado de afectación sobre los recursos de libre disponibilidad del gobierno? ¿Se provoca rigidez al accionar de la política pública del gobierno? ¿Quién ejerce la política pública en esta materia? ¿Cuáles deben ser las relaciones de coordinación intra e interinstitucional para lograr los objetivos pretendidos? ¿Se establece con claridad la obligatoriedad de tales relaciones de coordinación? ¿Ante quién rinde cuentas? ¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos? ¿Es necesario que esta iniciativa modifique o derogue el marco institucional existente? ¿Se consideran en la iniciativa los mecanismos de revisión institucional de frente a cambios en las motivaciones que justifican su creación?”

Si usted se queja de la irresponsabilidad, del excesivo gasto estatal y piensa votar por alguno de los partidos políticos que estuvieron detrás de semejante ocurrencia, trate de ser consecuente con lo que dice y no vote por semejantes irresponsables. Hoy tenemos una nueva institución más sin norte ni rumbo y con necesidades legales de financiamiento gracias a semejantes lumbreras.

Suscríbase a nuestro Newsletter: