Ante la coyuntura social y política en la que nos encontramos queremos hacer un llamado a los
candidatos a la presidencia de la República y recordarles que la inflación no es la respuesta a los
problemas económicos tan graves que enfrentamos, es una decisión vaga y empobrecedora que
como siempre afectará al sector de la población que se encuentra en mayor condición de
vulnerabilidad y el cual no se ha logrado recuperar de los devastadores efectos de los cierres
ocasionados a vasta cantidad de negocios por la pandemia.
La inflación es una solución “sencilla” para controlar los salarios y el gasto público en general, sin
tener que llegar a acuerdos verdaderos y duraderos con los sectores asalariados por el fisco
costarricense, es decir, si se incentiva la inflación podría bajarse artificialmente la presión sobre el
gasto público, al diluir los aumentos exponenciales de salarios en emisión monetaria, pero el
precio de esta decisión terminará recayendo sobre quienes no poseen ese tipo de ajustes y pluses
salariales, incentivando en una época de extrema presión para el sistema de contratación, la
disminución del empleo formal y la baja directa y constante del poder adquisitivo, el cual podría
tener ajustes semestrales, que como siempre serán insuficientes.
Una de las razones que Costa Rica se ha logrado mantener durante estos últimos dos años ha sido
porque las presiones inflacionarias han sido bajas, lo que le permite a las personas tomar
decisiones conscientes y proyecciones que respetarán la realidad en el tiempo, cambiar de esta
forma el sistema para el consumidor va a desincentivar de manera directa el consumo
acrecentando el desaliento y la desconfianza, evitando el gasto y generando un daño importante
en la demanda agregada, que ya ha sido disminuida de manera significativa por las restricción a
acceso a crédito rápido de consumo (sí, estoy hablando de la “Ley de Usura”) y por supuesto el
peor de los daños que han recibido las familias costarricenses el alto desempleo, que ya pareciera
haberse convertido en algo estructural, debido a que tenemos muchos años de no encontrarnos
en una situación de plena empleabilidad para la población de nuestro país.
Incurrir nuevamente en un proceso inflacionario alto como el que vivimos durante los 80’s, 90’s y
la primera mitad de la década de los 2000’s únicamente lograría que nuestras familias se
sometieran a la miseria de no saber si su salario será suficiente para poder realizar la compra en el
supermercado al final de mes con su mismo salario, de que los importadores tengan que realizar
ajustes diarios a las compras que realizan por no poder proyectar de manera efectiva sus precios
de venta para el público, de la miseria de volver al sufrimiento que soportamos durante casi 25
años.
Incentivar la inflación para evitar tener que tomar decisiones reales con los sectores protegidos y
con los servidores públicos es una decisión criminal con los más pobres de nuestro país y es una
condena de empobrecimiento a lo que queda de clase media, es una condena a la baja de su
poder adquisitivo, una condena a no poder disfrutar de los mismos bienes y servicios actuales y es
una invitación a la inestabilidad social y económica, es precisamente la decisión que genera todos
los problemas de desorden presupuestario que tenemos en la actualidad y una presión innecesaria
para nuestro tejido social.
